Se ha dictado sentencia que inadmite la reclamación del Partido Popular por supuesta denegación de acceso a información pública .

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, ha dictado resolución por la reclamación interpuesta por el Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, contra la presunta denegación de acceso a información pública por parte del Ayuntamiento, inadmitiendo dicha reclamación.  

Este órgano, manifiesta que la información solicitada por el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, Antonio José Mesa, fue enviada por LYMA hasta en dos ocasiones con anterioridad a la interposición de la reclamación, además de ser remitida a los consejeros de LYMA en tiempo y forma tal y como se acordó en el Consejo de Administración de LYMA celebrado el pasado 29 de marzo de 2016.   

Cuatro sentencias judiciales aprueban la restructuración .Los tribunales judiciales han ratificado hasta en cuatro ocasiones la buena gestión que por parte del Gobierno actual se está llevando a cabo en la empresa municipal LYMA. Tras el aumento excesivo de los puestos directivos en la pasada legislatura, que ya denunció públicamente la alcaldesa, Sara Hernández, la reestructuración de la plantilla ha permitido mejorar el servicio que se ofrece a los vecinos y vecinas en el día a día.  

La cuarta sentencia cita expresamente que “no se han acreditado por la parte actora la existencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales, por discriminación ideológica, dicha extinción viene motivada por el sobredimensionamiento de la plantilla que provocaba un aumento considerable del gasto de personal en relación con la actividad desarrollada por la empresa”.  

Igualmente en este caso concreto se aclara que “queda acreditada la objetividad de la medida, en cuanto la creación de una dirección independiente no ha supuesto una mejora de la gestión evidente, y la desaparición de la Dirección misma, pasando a ser asumidas sus funciones por la Gerencia, no ha conllevado a una disminución en la calidad de la gestión.”  

El Tribunal de Cuentas investiga los pluses de disponibilidad . También el pasado mes de julio, el Tribunal de Cuentas solicitó a LYMA documentación sobre la denuncia que la empresa municipal presentó contra el exgerente Federico Zarza, dos directoras, Juncal Vázquez y Mónica Labrador, así como contra el exalcalde, Juan Soler y su concejal de limpieza, Jesús Burranchón.  

En este caso se investiga la autoimposición por parte del anterior gerente de un plus de disponibilidad de 1.466 euros mensuales y de 1.166 euros al mes por parte de las directoras, además del sueldo. Los tres antiguos empleados de LYMA exigieron también a la empresa que estos pluses de disponibilidad se les abonasen con carácter retroactivo, desde el inicio de sus contratos.  

En mayo de 2012, la propia exdirectora de Recursos Humanos, Juncal Vázquez, elaboró un documento en el que informaba sobre los supuestos apuros económicos de la empresa pública LYMA, lo que suponía bajo su criterio la aplicación de una reducción de costes. Para ello propuso la supresión del plus de disponibilidad de los 49 trabajadores que lo venían percibiendo por la necesidad de sus funciones.   

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